Más de 30 niños, niñas y adolescentes de la Escuela La Greda se intoxicaron en el 2011, siete años más tarde, otro episodio de intoxicación masiva evidenció los problemas graves de contaminación en la zona Quinteros – Puchuncaví, donde al menos 1700 personas acudieron a los centros de salud. Hoy, en el 2022, sigue ocurriendo lo mismo.  La salud y la vida de las personas está en peligro, pero aún no sabemos con exactitud las sustancias o mezcla de contaminantes que producen los casos de intoxicación. Si hay alguien que sabe bien esta historia es Alejandra Donoso, abogada de la Universidad de Chile y directora de la Defensoría Ambiental, organización detrás del juicio al complejo industrial, demanda que se realizó en el 2018 y donde la Corte Suprema falló a favor y reconoció varios incumplimientos por parte del Estado, medidas que debía cumplir en un plazo de un año y que hasta hoy, están pendientes o incompletas. 

¿Cuándo se comienza a evidenciar el problema grave de contaminación proveniente del complejo industrial en Ventanas?

En el 2011 a propósito de los eventos de intoxicación en La Escuela La Greda, la Cámara de Diputados levantó una comisión investigadora que determinó la responsabilidad de los efectos de la contaminación en la salud de las personas y dictó una serie de medidas que debía realizar el Estado, sin embargo, esas medidas en el 2018 no se cumplieron y en el 2019, a propósito de las intoxicaciones masivas, la Cámara de Diputados nuevamente levantó una comisión investigadora que revisó el estado de cumplimiento del 2011 y, efectivamente, hubo un alto grado de incumplimineto. 

La Defensoría Ambiental demanda ante la Corte de Apelaciones por el incumplimiento de estas medidas por parte del Estado, sin embargo no falla a su favor por lo que acudieron a la Corte Suprema ¿Qué pasó en ese entonces?

Bajo este contexto se dan las situaciones masivas, hay una situación de riesgo que las comunidades lo denominan en zonas de sacrificio, donde se produce la omisión por parte del Estado, que permite la proliferación desmedida de industrias contaminantes y que tiene como consecuencia evidente, la vulneración sistemática de DDHH. A lo que apuntan las acciones de protección presentadas por la Corte Suprema, a pesar de que en primera instancia la Corte de Apelaciones no nos dio la razón, fue aceptar la noción de riesgo creado. En ese sentido, la sentencia es muy importante para el derecho ambiental chileno y para el derecho internacional y regional de los derechos humanos, porque es la primera sentencia en Chile con enfoque en los derechos humanos en materia ambiental, pues no se trató la intoxicación masiva como un hecho aislado. 

Toda esta situación ocurre, como reconoce la Corte Suprema y las comunidades, por una ausencia del Estado y eso implica insuficiencia de normas que regulen la contaminación

Alejandra Donoso, directora de la Defensoría Ambiental

¿Cuáles fueron los avances producto de la demanda interpuesta por la Defensoría Ambiental?

Lo que conseguimos en esa oportunidad fue entender esta situación como un riesgo, que mientras no se controle, va seguir la situación que vemos hoy día. En consecuencia reconoció el abandono por parte del Estado y el incumplimiento de varios de sus deberes, en particular del Ministerio de Medio Ambiente, pero también del Ministerio de Salud y Ministerio del Interior. Incluso obligaciones internacionales porque la Corte Suprema detalla la serie de diferentes industrias contaminantes que existen con sus diferentes procesos productivos, combustibles que utilizan que son en su mayoría fósiles con alta presencia de carbón y de hidrocarburos; reconoce la presencia de una serie de contaminantes que Chile está comprometido a restringir según los tratados internacionales ratificados y vigentes.

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La Defensoría Ambiental elaboró un documento con un listado de las acciones que no se han cumplido a la fecha, este fue entregado a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con la intención de evidenciar los retrasos e incumplimientos de un fallo que exigía inmediatez y que incluso ha sido archivado en 3 ocasiones por la Corte de Apelaciones.

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Entonces a tu parecer ¿Por qué tenemos un problema de contaminación desmedida en esta zona?

Toda esta situación ocurre, como reconoce la Corte Suprema y las comunidades, por una ausencia del Estado y eso implica insuficiencia de normas que regulen la contaminación pero también una laxitud extrema en la aprobación y no evaluación de impactos ambientales previos a la instalación de industrias contaminantes. 

En este escenario las industrias están sujetas a normativas, pero la totalidad de cada empresa no está sujeta a norma, pues no todos los contaminantes emitidos están normados y en el caso de las que sí lo están, la normativa es insuficiente o está lejos de los estándares de la OMS. 

¿Cuáles son las medidas que debe realizar de manera urgente?

Es clave tener la información completa de los contaminantes porque sino ocurre que las medidas de la autoridad son completamente insuficientes, porque mientras no se tenga certeza no se pueden tomar medidas adecuadas. Los efectos acumulativos no están registrados ni analizados y no forman parte de la toma de decisiones.

El cierre de la fundición de Codelco, es una de las tres megafuentes regulada por el Plan de Descontaminación y lo que hace Codelco es lo que deben hacer el resto de las industrias, medir la internalización de los costos ambientales en el territorio y los cuerpos de las personas y evaluar económicamente si conviene aumentar los estándares de tecnología o derechamente reconocer que se está produciendo a costo de la salud y vida de las personas.