Jennifer Peralta

Apenas seis meses pasaron, desde el informe del INDH, para que un nuevo informe increpara al Estado chileno, revelando un conjunto de vejámenes que incluyen abuso y explotación sexual, así como descuido negligente, maltrato psicológico y físico, entre otros hechos que dan cuenta de violaciones sistemáticas a niños, niñas y adolescentes (NNA), y que la semana pasada volvieron a ser objeto de debate a raíz de la publicación de los resultados de una investigación que hiciera el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

No es la primera vez en los últimos cinco años que se eleva una voz de denuncia frente a vulneraciones de los derechos de la infancia. En 2013 se conoció el Informe Jeldres, y también el Informe de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados sobre el Sename; entre 2016 y 2017 tuvimos las actas de comparecencias y documentos presentados a la Segunda Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre la situación del Sename. Es decir, la deuda continúa.

Siendo que los derechos humanos tienen que ver con el reconocimiento y respeto a la dignidad, quebrantarlos es justamente negarse a reconocer al otro no solo como sujeto de derecho sino como persona. Así, es trascendental la herida social que se abre con las violaciones a los derechos de la infancia, quizás el grupo etario más vulnerable en tanto que está en pleno proceso de desarrollo, lo que implica una dependencia natural del adulto quien debe garantizarle estabilidad emocional, psicológica, y un ambiente de amor y respeto para ello.

“La vulneración en la infancia tiene un impacto en el desarrollo vital de las personas que no es posible desatender. Queda de manifiesto cómo, en razón de procesos de vulneración que los niños, niñas y adolescentes (NNA) enfrentan en sus primeros años de vida, se ven afectadas distintas áreas, impidiendo un proceso armonioso e integral de crecimiento que, además, tiene un impacto probablemente inequívoco en la posibilidad de que en la adultez entiendan como única forma de vinculación con los NNA que les rodeen aquella que está basada en la agresión y el maltrato”, dice Patricia Muñoz, titular de la recientemente creada Defensoría de los Derechos de la Niñez, para explicar cómo es posible la reproducción de la violencia de una generación a otra cuando tenemos experiencias de maltrato en nuestra infancia.

Una de las aristas para comprender el tema es la relativa a la percepción que se tiene de los NNA. “Todavía persiste la visión del niño como un ser humano en potencia, y por lo tanto es un objeto que puede ser maltratado, o que se le limita la posibilidad de desarrollo. Pesa una actitud de menosprecio. Hay incapacidad en el mundo adulto de establecer una relación de reconocimiento del niño como sujeto que debe ser respetado”, profundiza Dimas Santibáñez, director del Observatorio de Niñez y Políticas Públicas de la Universidad de Chile.

Sobre la importancia de las relaciones, Anita Leal, directora ejecutiva de Fundación Pléyades, que tiene como objetivo mejorar las posibilidades de desarrollo de la infancia en contextos vulnerables, hace énfasis en la importancia de los lazos que establecemos desde la infancia. “Lo más importante es comprender que, de alguna manera, toda la evidencia señala que el desarrollo humano, el desarrollo social y la salud mental están íntimamente ligados a la calidad de los vínculos que se construyen. Cuando hay una relación de violencia, eso va generando en el niño una serie de rasgos que son complejos: afecta primeramente su propia relación de reconocimiento, su identidad, el desarrollo de su personalidad, lo que tendrá un impacto en su vida porque empezará a sentirse excluido y a sentir que no sirve, que no es querido. Se marca la soledad, la tristeza y la baja autoestima, aumentando la ansiedad y el miedo. Se desarrolla de esta manera un dolor psíquico que les impide conectarse con ellos mismos, entonces por lo tanto no pueden conectarse con el dolor del otro”, diserta la trabajadora social.

Sobre esta situación de alto impacto social, que conlleva costos emocionales directos a los implicados e indirectos, por el tiempo que tardan en mostrarse los efectos, en la sociedad, queda la pregunta sobre cuáles serían las medidas importantes que deben asumirse desde el Estado.

Para la primera defensora de la niñez se hacen perentorias dos acciones: una referida a modificar las estructuras de crianza y “pasar a modelos con ternura y reconocedores de la condición de NNA como sujetos de derechos”; y la segunda recomendación directa al Estado es “comprender que la urgencia está puesta en la infancia, que el tiempo para modificar su accionar respecto de NNA es hoy, mañana ya será tarde, y que en razón de esa comprensión, no sólo se quede en un discurso que potencia efectivamente a los NNA , sino que se traduzca en acciones y políticas públicas de Estado, no de Gobierno, eficientes y efectivas para promover, respetar y proteger los derechos humanos de NNA».

Por su parte, Dimas Santibáñez enfatizó en la necesidad de un cambio cultural orientado desde el Estado. “El gran desafío en esta materia es desarrollar capacidades en el nivel local que permitan ir construyendo comunidades conscientes del valor de su papel de garantes y, por lo tanto, cuidadoras, protectoras, y promotoras de los derechos de NNA”, precisó.

En el caso de Ana Leal, lo primero es el respeto a la infancia en tanto infancia. “Mi postura es que a los niños hay que cuidarlos por ser niños, no porque en el día de mañana puedan ser delincuentes. Más allá de esa mirada económica de que es más barato invertir en ellos que invertir después en reinserción social, es un deber garantizar los derechos a los NNA”, y sobre eso, recomendó al Estado la urgencia de una ley de protección integral, la inversión en recursos económicos y humanos, y la necesidad de un trabajo intersectorial. “Tenemos una ley que es previa a la Convención sobre los Derechos del Niño y no hemos sido capaces de actualizarla para adaptarla a los estándares internacionales y a la propia realidad del país”, sentenció.