Camila Pinto

En el contexto de la crisis actual, la población migrante (1.500.000 personas aprox.) que hace vida en Chile se ha visto afectada dada la situación del empleo, considerando además que solo el 20%  trabaja en empleos calificados, según un estudio de Clapes-UC y cifras INE.

La pandemia, sumada a la ya dificultad para obtener la visa chilena, el desempleo en aumento y la estigmatización, han hecho que migrantes se aglomeren fuera de sus respectivas embajadas con la esperanza de volver a su país. Evidenciando a la vez la necesidad de legislar a fin de que esta población pueda tener más oportunidades y, en medio de la crisis, acceder a los beneficios sociales estatales disponibles en este período. Así lo asegura Daisy Margarit, académica del Instituto de Estudios Avanzados Usach e Investigadora Núcleo Milenio Movyt. «Las ciudadanías son ciudadanías globales y en ese sentido, los derechos de las personas no dependen de una nacionalidad«. 

En medio de la crisis sanitaria, el Gobierno solicita discusión inmediata al Proyecto de Ley de Extranjería y Migración, que busca hacer cambios en los requisitos de entrada y salida de nuestro país, y ante esta decisión, organizaciones de la sociedad civil como el Servicio Jesuita a Migrantes se han manifestado al respecto, argumentando que el foco de esta política debe estar en la flexibilización de los procesos de regularización migratoria, y hace el llamado a generar este tipo de instancias asegurando un diálogo transversal para poder llegar a acuerdos con base en un diálogo intersectorial. 

Conoce más sobre la situación de la población migrante en esta nueva Cápsula BP.